22 grafitis y una multa de hasta $10 millones: el caso que sacudió al arte urbano en Mendoza

El graffiti puede aparecer en una pared, una persiana o una fachada, pero también puede terminar en una instancia judicial o administrativa: eso ocurrió en Mendoza, donde una mujer fue declarada responsable por 22 pintadas en espacios públicos y bienes privados de la metrópoli.

De pintar una persiana a enfrentar 22 infracciones: el caso artístico que abrió un debate en Mendoza

Aunque muchas veces se piensa al arte urbano únicamente desde su costado artístico, su vínculo con el espacio público también puede llevarlo al terreno judicial y administrativo. La convivencia entre las intervenciones urbanas y las normativas municipales genera desde hace años distintos debates, especialmente cuando una obra aparece sobre una superficie sin autorización.

Y en Mendoza, un caso reciente volvió a poner esa relación en el centro de la discusión.

La situación comenzó el 3 de enero, cuando una mujer fue encontrada mientras realizaba una pintada sobre la persiana de un comercio ubicado en Mitre 1657, Ciudad de Mendoza. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 17 envases de pintura en aerosol, además de otros elementos, y se labró un acta por una presunta infracción a los artículos 21 y concordantes de la Ordenanza Municipal N.º 3877/14, Código de Convivencia Ciudadana.

La normativa establece la prohibición de realizar grafitis, pintadas, manchas, garabatos, escritos, inscripciones o pegatinas tanto en espacios públicos como en bienes privados sin autorización previa. Al mismo tiempo, la legislación municipal contempla que los murales artísticos realizados con autorización del propietario y, cuando corresponde, del municipio, quedan exceptuados de esa prohibición.

A partir de aquella primera intervención, la Municipalidad inició una investigación para determinar si existían otras pintadas vinculadas con la misma autora. El procedimiento permitió identificar 21 grafitis adicionales realizados en fachadas, comercios y edificios públicos, cuyas características y similitudes fueron utilizadas para relacionarlos con la mujer investigada.

La investigación también llevó a identificar una cuenta de Instagram donde se registraban y difundían las intervenciones, tanto durante el proceso de realización como una vez terminadas. De acuerdo con la información oficial, durante la audiencia los integrantes del Jurado Vecinal incluso solicitaron comprobar los tatuajes que la mujer tenía en ambos brazos antes de continuar con la deliberación.

El caso llegó entonces al Jurado Vecinal, una herramienta implementada por la Ciudad de Mendoza que permite la participación directa de vecinos en el análisis de determinadas infracciones al Código de Convivencia. En esta oportunidad, siete ciudadanos participaron voluntariamente de la evaluación y, después de analizar los hechos, determinaron por unanimidad la responsabilidad de la mujer por las 22 pintadas.

La sanción económica es uno de los puntos que más llamó la atención. Como la multa se aplica por cada infracción, la suma de las 22 podría alcanzar $10 millones de pesos argentinos. La Municipalidad informó además que, ante una eventual falta de pago voluntario, puede iniciarse un procedimiento de apremio en los juzgados tributarios y, una vez firme la sentencia y ante el incumplimiento, avanzar con medidas como el embargo o la inhibición.

Más allá del expediente, el caso también abrió una discusión alrededor del graffiti y el espacio público. En redes sociales aparecieron opiniones que cuestionaron la magnitud de la sanción y defendieron la idea de que determinadas intervenciones pueden contribuir a embellecer una ciudad, mientras otras posiciones remarcaron que intervenir una propiedad o un espacio público sin autorización supone igualmente incumplir una normativa.

La discusión también se cruzó con otros usos del espacio público y con el accionar de partidos políticos, especialmente por la colocación de carteles y propaganda en postes, paredes y otros elementos urbanos. El propio municipio de Mendoza ya había advertido en años anteriores a las agrupaciones políticas que las pegatinas, grafitis y soportes gráficos que afectaran la vía pública también podían ser sancionados.

Así, un caso que comenzó con una pintada sobre una persiana terminó abriendo una conversación mucho más amplia: ¿dónde termina la expresión artística y dónde comienza la intervención no autorizada sobre el espacio público? En Mendoza, esa discusión ahora quedó atravesada por un Jurado Vecinal, 22 infracciones y una sanción económica que podría alcanzar los diez millones de pesos.